Un llamado desde las comunidades de fe y la sociedad civil a los gobiernos e instancias internacionales para que protejan a los más vulnerables, entre ellos los migrantes y refugiados.

Representantes compartiendo el pronunciamiento

En momentos en que la mayoría de nuestros países en América Latina están siendo azotados por el COVID-19 y las víctimas mortales de la pandemia ya se cuentan por miles, iglesias, comunidades de fe y organizaciones de la sociedad civil comprometidos con el trabajo a favor de los más vulnerables, entre ellos los migrantes y refugiados, como respuesta a la demanda bíblica de tratar al extranjero como uno nacido entre nosotros (Levítico 19:33-34); expresan lo siguiente:


NUESTRA SOLIDARIDAD con las familias que están llorando la pérdida de sus seres queridos y por miles de personas que han sido contagiadas y buscan sobrevivir en medio de un sistema de salud colapsado, economía empobrecida y políticas o decisiones estatales no tomadas a tiempo. Aunque la pandemia ha azotado a todos los seres humanos no importando la nacionalidad, sexo, religión o estrato económico, es evidente que los más vulnerables y empobrecidos han sido los más afectados, entre ellos los migrantes y refugiados en toda nuestra región.


RECONOCEMOS y valoramos los esfuerzos locales e internacionales de las comunidades cristianas, sectores interreligiosos y organizaciones de la sociedad civil para atender la crisis humanitaria que viven miles de personas migrantes y refugiadas en América Latina, sin embargo, conocemos que son insuficientes en comparación a la magnitud de sus necesidades durante la pandemia, lo que ha expuesto a que millones de migrantes y refugiados venezolanos y de otras nacionalidades vivan en una situación precaria y en peligro de muerte por la falta de acceso a atención humanitaria, sanitaria, social y económica.

RECHAZAMOS que en este contexto se politice la crisis migratoria y se clasifique a la población entre nacionales y no nacionales con discursos y narrativas xenofóbicas y discriminatorias generadas por autoridades o entes estatales, sociedad civil, medios de comunicación e inclusive comunidades de fe, que han denigrado la dignidad de los migrantes y refugiados, a tal punto de observar imágenes en las cuáles son desalojados, perseguidos, estigmatizados y rechazados inclusive de programas humanitarios, sanitarios y sociales en contexto de pandemia. Estas actitudes son inaceptables y contraviene tratados y convenios internacionales que nuestros países han suscrito y se han comprometido a respetar y cumplir.


HACEMOS UN LLAMADO URGENTE a los Gobiernos de América Latina para que adopten políticas públicas incluyentes que abarquen a toda la población sin distingo de su nacionalidad y de esta manera proteger a los
nacionales, migrantes y refugiados en medio de esta crisis. Recordemos que las Constituciones Políticas de nuestros países, la legislación nacional, así como los pactos y convenciones internacionales de la cual somos parte, establecen el respeto y acceso de los derechos humanos de toda la población y hace especial énfasis en las personas vulnerables. Es necesario entonces:

  1. Visibilizar y transparentar la real y delicada situación humanitaria, sanitaria, social y económica de los migrantes y refugiados en nuestros países, quienes en este contexto se tornan doblemente vulnerables.
  2. Acondicionar casas refugios o campamentos humanitarios que ofrezcan las medidas sanitarias para que los migrantes y refugiados permanezcan durante la cuarentena o etapa de distanciamiento social.
  3. Incluir a los migrantes y refugiados en los programas de ayuda sanitaria y humanitaria que se han implementado en casi todos los países debido a la pandemia.
  4. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones gubernamentales que por el contexto de pandemia prohíben el desalojo de las viviendas sin distinción de nacionalidad. Esto evitará que miles de familias estén en alto riesgo al vivir en las calles y plazas de nuestras ciudades porque han sido desalojados.
  5. Flexibilizar los procedimientos y trámites migratorios en los países de tránsito o destino y adoptar políticas de emergencia para regularizar su condición migratoria que les permita acceso a la salud, educación, trabajo.
  6. Acceder a los programas de servicio de atención pública sin distinción de nacionalidad, que les permita obtener la gratuidad de las pruebas del COVID-19, artículos de sanitización, hospitalización y tratamientos médicos respectivos.

RESPALDAMOS las medidas sanitarias tomadas por los gobiernos para disminuir el impacto de la pandemia en nuestras naciones, no obstante comprendemos el deseo de muchas familias migrantes que a costa de poner
en riesgo su salud están decidiendo retornar a sus países de origen por no
encontrar otra alternativa de sobrevivencia.

Ante ellos solicitamos:

  • Cumplimiento del tránsito de personas entre países que garantice la protección y atención humanitaria durante ese tránsito. Para ello será necesaria la implementación de corredores humanitarios que permitan llegar a las fronteras a miles de retornantes ya en camino.
  • Asistencia integral para niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables que pernoctan en los pasos o puentes fronterizos y que están expuestos al contagio y otro tipo de riesgos.
  • Implementación de protocolos transfronterizos que protejan a los niños, niñas y adolescentes que podrían ver víctimas de tráfico humano y explotación sexual
  • Coordinación directa con las delegaciones consulares de los países de retorno para que cumplan con sus ciudadanos e implementen los vuelos humanitarios que prioricen a los más vulnerables.
  • AGRADECEMOS a profesionales y servidores públicos y privados en las áreas de salud, alimentos, limpieza, seguridad entre otros que están al frente de la crisis y luchan directamente con la pandemia a costa inclusive de arriesgar sus vidas. Asimismo, recordamos que muchos de ellos son migrantes y refugiados que están contribuyendo en nuestros países.

Como líderes de comunidades de fe y de organizaciones de sociedad civil
REAFIRMAMOS nuestra voluntad democrática de cooperar con los gobiernos de nuestros países en las propuestas e implementación de políticas públicas y acciones que contribuyan a la superación de la crisis a fin de proteger la salud de todos los seres humanos sin importar su nacionalidad y calidad migratoria. Para ello, es imperante trabajar con las organizaciones de migrantes.

América Latina, 19 de mayo de 2020